La legislación que regula el flujo de Residuos de Equipamientos Eléctricos y Electrónicos (REEE) tiene por base el principio de la responsabilidad ampliada del productor, siendo atribuida al productor del EEE la responsabilidad por la gestión cuando el equipamiento alcance su final de vida útil, pudiendo ser asumida a título individual o transferida para un sistema colectivo.

 

El Decreto-Ley nº 71/2016 procede de la primera alteración al Decreto-Ley nº 67/2014 que aprueba el régimen jurídico de la gestión de REEE estableciendo medidas de protección del ambiente y de la salud humana, con los objetivos de prevenir o reducir el impacto adverso derivado de la producción y gestión de esos residuos, disminuir los impactos globales de la utilización de los recursos, mejorar la eficiencia de esa utilización, y contribuir para un desarrollo sostenible.